- Producto de las múltiples gestiones y la asamblea impulsadas por el Centro de Estudiantes de Derecho y la consejera académica, Sharai Escobar, las autoridades universitarias se vieron obligadas a dar de alta grupos de las materias de Inglés III y Títulos y Operaciones de Crédito.
Como respuesta a la queja colectiva promovida el lunes 30 de enero por el Centro de Estudiantes ante la Secretaría General de la Facultad de Derecho de la UNAM, además de la asamblea de alumnos realizada ese mismo día, el viernes 3 de febrero, aproximadamente a las 18:00 horas, la Secretaría de Asuntos Escolares abrió por lo menos tres grupos nuevos correspondientes a las asignaturas de Inglés III y Títulos y Operaciones de Crédito, a pesar de que el Sistema de Inscripciones ya había cerrado tres horas antes.
Las materias referidas pertenecen a semestres no ordinarios, es decir, los grupos son conocidos como de «recursamiento», aunque se pueden dar de alta alumnos que no hayan cursado la materia previamente. La posibilidad de inscribir clases de tal naturaleza es un derecho fundamentado en el artículo 33 del Reglamento General de Inscripciones y los acuerdos del Consejo Técnico, de fechas 2 de junio de 2016 y del 10 de junio de 1994, donde se establece que la única condición para que un grupo ordinario o extraordinario pueda permanecer abierto, reside en que por lo menos 10 alumnos se encuentren inscritos. No obstante, Raúl Contreras Bustamante, Director de la Facultad de Derecho, por motivos de supuesta «excelencia académica», había manifestado su intención de eliminar todos los cursos de semestres no ordinarios. Sin embargo, producto del pliego petitorio formulado durante el semestre 2017-1 por el Centro de Estudiantes de Derecho y signado por más de 1000 alumnos, la administración encabezada por Contreras Bustamante cedió parcialmente a la movilización y a la campaña de denuncia impulsada por la organización autónoma estudiantil, al no suprimir en su totalidad dichos grupos.
La pretensión de eliminar los multicitados cursos en realidad está estrechamente relacionada al recorte de la plantilla de profesores, no a la excelencia académica (sic), pues obedece a la reducción del presupuesto destinado a la docencia en la Universidad Nacional y a la implementación de los Subprogramas de Jóvenes Académicos de Carrera y al de Retiro Voluntario por Jubilación, calificados como discriminatorios y violatorios de los derechos laborales de los académicos universitarios.
Frente a este panorama, queda una vez más demostrado que la organización autónoma y la movilización de los alumnos, en este caso a través del Centro de Estudiantes de Derecho, es la única garantía de defensa de los derechos universitarios y de mejora en las condiciones académicas, no así los representantes estudiantiles charros o dependientes de las autoridades universitarias, quienes no cumplen con sus obligaciones hacia la comunidad.
Centro de Estudiantes de Derecho 